Consumidores demandan a eléctricas por cobros excesivos

La Asociación de Consumidores de Santiago (Acosan) interpuso una demanda colectiva ante el Primer Juzgado Civil de Santiago contra las principales distribuidoras eléctricas del país.

Se acusa a Enel, CGE, Chilquinta, Saesa y Conafe de vulnerar la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Los cobros indebidos superarían los 112 mil millones de pesos.

El reclamo se basa en el error reconocido por la Comisión Nacional de Energía (CNE), que durante años provocó una sobreestimación de las tarifas eléctricas. Ese error, identificado en resolución exenta 633 de octubre pasado, se originó por la doble aplicación del IPC y de la tasa de interés corriente.

Esos factores encarecieron injustificadamente las cuentas de luz de hogares y pequeñas empresas entre 2017 y 2025.

Omisión de las empresas

La Acosan sostiene que las compañías distribuidoras “conocían o debían conocer” el fallo técnico, pues disponían de los informes base utilizados para fijar las tarifas. Sin embargo, no realizaron observaciones dentro del plazo legal. La Asociación considera que las empresas obtuvieron ganancias indebidas a costa de millones de usuarios.

La acción judicial es patrocinada por Juan Antonio Espina Avendaño, Macarena Venegas Tassara y Martín Molina Gallardo.

Los abogados solicitan que el tribunal declare la responsabilidad de las eléctricas y las obligue a devolver los montos cobrados en exceso. Pero, además, deben sumar reajustes, intereses e indemnizaciones por daños patrimoniales y morales colectivos.

Asimismo se exige la aplicación de multas y un recargo del 25% por daño punitivo, conforme al artículo 53 C de la ley.

Impacto económico

El documento judicial subraya que los cobros indebidos impactaron a los usuarios y a la economía en general, al influir en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y, por consiguiente, en la Unidad de Fomento (UF), afectando créditos, arriendos y contratos indexados.

En apoyo a la demanda, Acosan citó declaraciones del ex ministro de Energía, Diego Pardow, quien admitió que una sobreestimación de 100 millones de dólares. Y también del actual biministro Álvaro García, quien aseguró que su prioridad sería “compensar a las familias por el cobro injusto”.

La organización argumenta que la compensación no puede limitarse a rebajas futuras de tarifas: debe incluir la restitución íntegra del dinero cobrado en exceso. El tribunal deberá ahora revisar si admite la demanda y notificar al Servicio Nacional del Consumidor, que podría sumarse como tercer coadyuvante.