Caso Monsalve: La Moneda impugna fallo
El Ejecutivo ingresó un recurso de queja ante la Corte Suprema para revertir la decisión que exige entregar supuestos mensajes entre los asesores de Manuel Monsalve. La Presidencia alega que los correos “no existen”.
Desde mayo, Monsalve está en arresto domiciliario total. Foto: ARCHIVO
La Presidencia elevó ante la Corte Suprema un recurso para frenar la orden que la obliga a entregar correos de los asesores de Manuel Monsalve.
El litigio se originó a fines de 2024, a raíz de una solicitud presentada por el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical). El parlamentario pidió conocer los correos enviados entre Miguel Crispi y Carlos Durán en el marco del caso Monsalve.
Los funcionarios habrían intercambiado correos durante los días en que el gobierno buscaba reemplazo para el subsecretario acusado de violación.
Tras la negativa inicial del Ejecutivo, Lagomarsino acudió al Consejo Para la Transparencia, que falló a su favor.
Comunicaciones privadas
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de La Moneda, acusó “faltas o abusos graves” de la Corte de Apelaciones de Santiago. El Tribunal ordenó entregar la información, pero según el CDE, la resolución exige divulgar “correos electrónicos que no existen”.
Sin embargo, el argumento de la inexistencia se descartó antes, pues -según el Consejo Para la Transparencia- no se planteó durante la tramitación administrativa.
El CDE replicó que no podía hacerlo con anterioridad, pues los funcionarios ejercieron su derecho de oposición. Esto, amparado por la Ley de Transparencia y la Constitución, que protegen la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
El fallo sigue firme
Pese al nuevo recurso, la sentencia de la Corte de Apelaciones se mantiene registrada como “firme y ejecutoriada”. Esto implica que los correos deberían entregarse. No obstante, la acción ante la Suprema detuvo -por ahora- el cumplimiento del fallo.
Lagomarsino acusó que el gobierno “está incumpliendo una resolución definitiva” y subrayó que el recurso de queja “no tiene carácter de apelación”.
Presidencia confirmó que el CDE ingresó la acción el 15 de septiembre y que el proceso “sigue en curso”. El Consejo Para la Transparencia optó por no emitir declaraciones hasta que el máximo tribunal resuelva el litigio.
